El 24 de marzo en Madrid

El juez del Tribunal Supremo de España, José Antonio Martín Pallín (izq.) y el abogado Carlos Slepoy (der.)


No hubo marchas, ni cánticos, ni banderas con fotos de desaparecidos. La conmemoración del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 pasó por Madrid con una reunión y una charla en la que un centenar de exiliados, radicados y nacidos en España en los últimos 33 años compartieron reflexiones sobre la situación de la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en la Argentina.

La reunión, en un local de Unesco en la Plaza Tirso de Molina, se inició con la exhibición de un vídeo (con acento, se dice aquí) sobre la última dictadura, la transición hacia la democracia y la reapertura de los juicios de los últimos años.

En el panel estuvieron el abogado exiliado y ex detenido-desaparecido Carlos Slepoy y el juez del Tribunal Supremo Jose Antonio Martin Pallín. Sobre la situación de los juicios en Argentina, Slepoy apuntó que "para que desaparezcan 30 mil personas tuvo que haber una enorme cadena de complicidades: gerentes de empresa, decanos de facultades, jefes de personal, directores de los colegios; múltiples civiles que colaboraron. Ninguno de ellos está en este momento procesado".

"Todos están de acuerdo en que la Justicia en Argentina no funciona para juzgar este tipo de crímenes. Y yo me pregunto: ¿qué esperábamos?. ¿Esperábamos que funcionara con jueces que en su mayor parte han sido cómplices de la dictadura militar? La mayoría son indiferentes, sólo unos pocos jueces y fiscales empujan para que estas causas vayan para adelante", agregó el abogado, uno de los principales impulsores de la "Justicia Universal" para los crímenes contra la Humanidad.

Slepoy propuso: "Cuando se forman tribunales de Derecho Penal Internacional se forman con jueces especializados en esos temas. Hay que especializar a jueces y fiscales para que juzguen estos crímenes. Que tengan dedicación exclusiva a estas causas. Crear las infraestructuras necesarias para que sean juzgados, para que se impida la atomización de los juicios".

El abogado ejemplificó con el caso del represor Luciano Benjamín Menéndez, que el año pasado fue condenado en Córdoba a prisión perpetua y luego recibió la misma pena, en otro juicio, en Tucumán. "Hay un caso insólito: Menéndez condenado dos veces a cadena perpetua. ¿Realmente necesitamos que Menéndez sea condenado a 25 cadenas perpetuas en 25 procesos distintos o hay que racionalizar todo esto para que sea condenado en un sólo juicio penal con todos los casos incluidos?", se preguntó.

Por su parte, el juez Martín Pallín habló de las dificultades para abrir juicios en España a los represores de la dictadura de Franco, e indicó que una sentencia del Tribunal Supremo estableció que los "juicios de guerra" franquistas eran legales. "Hay un artículo (en una sentencia de hace unos años) que declara que los tribunales de Franco eran ilegítimos y sus resoluciones injustas y no creo que haga falta ir a una facultad de derecho para decirle a un tribunal que si encuentra que otro tribunal es ilegítimo declare nula la resolución. Pero en España pasan cosas raras, y esa misma sala en 2002 ha dicho que al fin y al cabo era la legislación vigente en esa fecha".

Agregó que "si eso lo dice un juez alemán sobre la legislación nazi, a ese juez lo expulsan de la carrera y podría tener problemas para ocupar el sitio en compañía de alguno de los que ha enviado a la cárcel".

El juez apuntó que "parecía que sólo en Argentina había desaparecidos y ahora se sabe que aquí también los hubo" y precisó que tras el final de la Guerra Civil "hubo 200 mil sentencias de muerte, 100 y pico mil se ejecutaron y algunas fueron conmutadas".